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Desaceleración
Empleo: la cara oculta de la desaceleración (Diario “Río Negro” por Néstor O. Scibona)

Más allá de su accidentado debut en medio del conflicto de gendarmes y prefectos, el metalúrgico Antonio Caló deberá enfrentar desde la nueva conducción de la CGT "oficialista" un tablero económico diferente al de los últimos años, que podría derivar en nuevos realineamientos dentro del frente sindical.

Cuando la economía crecía homogéneamente a "tasas chinas" (2003/2011, con excepción de 2009) en las épocas de Hugo Moyano, el trabajo del sindicalismo cegetista era bastante simple. Consistía en hacer equilibrio entre los reclamos salariales de sus bases (que en algunas empresas desconocían a sus conducciones formales) y las pautas fijadas oficiosamente por el oficialismo. Rara vez la sangre llegó al río: los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner generalmente homologaron aumentos similares o superiores a la inflación real (dejando de lado al Indec), ya sea en porcentaje o a través de la "letra chica" de los convenios colectivos (con sumas no remunerativas o cláusulas encubiertas de ajuste). Esta dinámica fue más evidente en los años electorales (2007 y 2011).

Sin embargo, la tendencia fue cambiando a lo largo de 2012. No sólo por el ruidoso desplazamiento de Moyano y su paso a la vereda opositora al Gobierno, sino porque la fuerte desaceleración de la economía (el PBI crecería alrededor de 3%, o sea menos de la mitad que en años anteriores) trajo consecuencias indeseadas para todas las partes. 

Por un lado, las paritarias de este año arrancaron tarde. Y generalmente incluyeron incrementos fraccionados de salarios (en algunos casos extendidos hasta casi la mitad de 2013), que el gobierno de CFK homologó dentro de una franja de 19% a 25% anual, desautorizando aumentos superiores (como el de 35% acordado por los peones rurales). Ese fraccionamiento provoca hoy oscilaciones del poder adquisitivo y del consumo frente a una inflación que se mantuvo firme a pesar de la menor actividad económica. A ello se suma la decisión implícita de postergar sin fecha la actualización del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias (no se ajusta desde abril de 2011), que en la práctica deriva a la AFIP buena parte de las mejoras obtenidas por los trabajadores con mayores sueldos y los aleja del cobro de asignaciones familiares. Alguna concesión extra, como la proyectada reforma de la ley de accidentes laborales, no mejora tampoco el ingreso de bolsillo de los trabajadores, a diferencia de las asignaciones no remunerativas (eje del conflicto en las fuerzas de seguridad nacionales) que, cuando son blanqueadas, incrementan el costo laboral de los empleadores (ya sean empresas privadas o el Estado).

Por otro lado, la cara menos visible de la desaceleración económica está en el debilitamiento del empleo, especialmente en el sector privado, que hasta ahora casi ni figuraba en la agenda de inquietudes sindicales. Las propias estadísticas del Indec revelan que, por primera vez en la era K, el empleo formal ("en blanco") prácticamente dejó de crecer en la primera mitad de 2012 (lo hizo apenas 0,3% frente al 2% del mismo lapso del año pasado y muy lejos del promedio anual de 4% del período 2004/2008) y en varias actividades mostró además retrocesos, especialmente en el segundo trimestre. Por caso, declinó la creación de puestos de trabajo en la industria manufacturera (-1,1%), en la construcción (-1%) y en la agricultura (-1.7%), en un proceso que también abarcó a actividades de servicios como comercio (-1,2%); hoteles y restaurantes (-6,1%); transporte (-1,1%) e inmobiliarias (-2.4%). 

Como puede advertirse, los sectores donde se perdieron más puestos de trabajo formales fueron los afectados por la menor demanda interna o competitividad externa y también por la proliferación de los controles cambiarios (que tuvieron impacto en inmobiliarias, construcción privada y turismo receptivo) y por las trabas a las importaciones (en industrias y comercios). 

En números redondos, en ese lapso se destruyeron casi 73.000 puestos de trabajo en los principales aglomerados urbanos del país, lo que implica una baja de 1,15% con respecto al primer trimestre. Ello sin contar no menos de 30.000 subsidios (Repro) otorgados por el Ministerio de Trabajo para evitar despidos o suspensiones en distintas actividades. En el caso específico de la provincia de Río Negro, la reducción alcanzó a 10,9% (5.500 puestos), mientras que en Neuquén fue de 3.1% (2954 empleos).

Aunque la mayoría de los analistas económicos prevé para 2013 un repunte del PBI (que podría crecer entre 3 y 5%, básicamente por efecto soja y Brasil), los planes de las empresas son muy conservadores. Según una encuesta presentada por la consultora Ernst & Young en la reciente convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), realizada en El Calafate, sólo un 21% de las mayores compañías del país aumentará inversiones el año próximo mientras 27% estima reducir sus planteles hasta 10% y otro 9% en una proporción mayor. 

Si la inflexión en la creación de puestos de trabajo apenas movió el amperímetro del desempleo (según el Indec, la tasa nacional subió de 7,1% en el primer trimestre a 7,2% en el segundo, aunque el subempleo lo hizo de 7,4 a 9,4%), es porque el sector público compensó parcialmente la retracción del sector privado. En base a datos oficiales, la consultora Finsoport (que dirige el ex viceministro Jorge Todesca) estima que en el último año creció 5% promedio el número de empleados públicos, con un pico de 8% en las 11 provincias que transfirieron sus cajas jubilatorias a la Anses y en total ocupan a más de 766.000 trabajadores formales. A su vez, sólo en el segundo trimestre el conjunto de jurisdicciones estatales (nacional, provincial y municipal) creó 14.263 nuevos puestos de trabajo. con lo cual se estima que el empleo público totaliza unos 3 millones de agentes y equivale ya casi a la mitad de los trabajadores formales del sector privado (6.318.418).

De cara al próximo año de elecciones legislativas, el debilitamiento de la demanda de empleo formal no sólo significa un problema político para la nueva conducción de la CGT. También lo es para el gobierno de Cristina Kirchner, que en los últimos años colocó al aumento de la masa salarial (más empleos y más ingresos) como eje de su política de impulso al consumo interno. Y mucho más para gobernadores e intendentes municipales, que tal vez deban enfrentarse a la encrucijada de incorporar más agentes estatales en lugar de mejorar el salario real de los actuales, o viceversa, ya que no parece haber demasiado espacio fiscal para encarar simultáneamente ambas acciones.
 

 

 
 
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