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Evasores en la Región - Tercerización laboral

Detectan más evasores que usaban facturas apócrifas (Diario “Río Negro”)
En un operativo coordinado se allanaron 14 domicilios en Neuquén capital, 25 de Mayo y Catriel. Participaron inspectores de la AFIP, gendarmes y efectivos de la Policía

 
NEUQUÉN (AN).- Con 14 allanamientos en esta ciudad, Catriel y 25 de Mayo (La Pampa) la justicia federal dio inicio a una nueva investigación por evasión fiscal en la región centrada en el uso de facturas apócrifas para "descontar" impuestos.

La causa es la tercera de este tipo que hace foco en la región en este año aunque en esta oportunidad se estima que la "usina" de la maniobra no sería foránea sino local.

El viernes pasado y en forma simultánea se realizaron 14 allanamientos en la región que comprendieron a las localidades de Catriel, 25 de Mayo (La Pampa) y Neuquén, siendo éste el tercer operativo que se realiza en domicilios de la capital provincial, núcleo en común en las tres causas judiciales.

Según informaron fuentes que participaron de los allanamientos, los mismos se realizaron con el apoyo de 72 agentes de las distintas fuerzas correspondiendo 30 a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), 20 a Gendarmería Nacional, 8 de la Policía Federal de General Roca, 4 de la misma fuerza con asiento en La Pampa y 10 provenientes de Neuquén capital.

Como resultado de las requisa los inspectores lograron secuestrar computadoras y soportes documentales en papel que serían utilizados por la justicia federal como pruebas en la causa que investiga la compra de facturas apócrifas por parte de importantes empresas de la zona para eludir el pago de impuestos como IVA y Ganancias.

La causa es llevada adelante en la región por el Juzgado Federal 1 de Neuquén, a cargo de Carolina Pandolfi.

Según se supo busca dar con las empresas que adquirieron las facturas falsas que habrían sido creadas en la zona y ofrecidas a los empresarios a través de Internet.

Operativos en junio
El anterior operativo de este tipo se realizó a fines de junio cuando se realizaron 36 allanamientos de los cuales 33 se dieron en esta ciudad, dos en Cipolletti y uno en Villa Regina. Y se suman un primer control realizado en mayo también en dos empresas de esta capital provincial como parte de un gran operativo que comprendió 50 allanamientos en seis provincias, aunque en esa ocasión a partir de una causa surgida en Buenos Aires, según se supo oportunamente.

Con este nuevo operativo ya son 52 las empresas y domicilios investigados en la región por maniobras de evasión fiscal por sumas millonarias, y en los tres casos tienen como común denominador que las empresas controladas corresponden a la mediana y gran escala.

Los detalles de la maniobra
Las causas llevadas adelante por la justicia se centran en una misma maniobra de evasión que comenzó a ser estudiada en la difundida causa Skanska, aunque en los dos últimos grande operativos realizados en la zona las "usinas" generadoras de la evasión habrían sido locales. La maniobra consiste en la venta por parte de un grupo de personas de facturas de compras las cuales son "truchas" y permiten a las empresas adquirirlas a un bajo costo y hacerlas figurar ante el fisco por un valor mucho mayor. De esta forma las empresas que las adquirieron podrían evitar pagar determinados montos en impuestos, dado que utilizan esas facturas para "descontar" impuestos. En la mayoría de los casos las facturas apócrifas corresponden a empresas inexistentes o "fantasmas" que son inscriptas ante el fisco con el solo fin de cometer la maniobra que en la anterior causa alcanzó los 15 millones de pesos evadidos. De hecho en la primera investigación encarada en la zona se descubrió que las empresas que emitían las facturas a nombre de indigentes.


El más que preocupante trabajo tercerizado en la Argentina (Diario “Río Negro”)
Hasta ahora no resultó la panacea para las recomposiciones salariales. Tampoco para que los trabajadores pudieran elegir las empresas más convenientes.

"Rodríguez, supernumerario" es un filme argentino de 1948 que protagonizó el actor Pepe Arias y dirigió Enrique Cahen Salaberry. El tal Rodríguez era un empleado público que no pertenecía a la planta permanente y padecía periódicamente -muy a pesar suyo- por la renovación del contrato, o sea que no conseguía la estabilidad que anhelaba.

Cuando en el mundo, en la década del 90 del siglo pasado, comenzó a reconstituirse el desempleo masivo, surgieron la precariedad laboral y formas contractuales que consagraron su flexibilidad, así como otros procesos más generales que el sociólogo francés Robert Castel denominó "supernumerarios", quizás desconociendo las vicisitudes de Rodríguez.

El terrible asesinato de Mariano Ferreyra y los militantes del Partido Obrero que fueron heridos por allegados a la Unión Ferroviaria (UF), al movilizarse en respaldo de trabajadores "tercerizados" que cortaron vías del Ferrocarril Roca, popularizaron conocimientos sobre la legislación laboral y los vínculos de determinadas firmas con ciertos sindicatos. Sobre todo esa modalidad laboral y otras como "cooperativas truchas", subcontrataciones y "factureros" (monotributistas). Ya se sabe más acerca de cómo incursionan en tareas informales, por las que a sus personales no les hacen descuentos jubilatorios ni los benefician con vacaciones, asignaciones familiares o prestaciones de obras sociales. Quienes actúan en el servicio doméstico -hay un proyecto de ley pendiente de tratamiento parlamentario-, la construcción y el agro son los que están más "en negro" que "en blanco".

Una modalidad contractual surgida en los 90, que fue presentada como la panacea para la recomposición salarial y la posibilidad de elegir las empresas más convenientes para los trabajadores. Asimismo, permitió desigualdades y fraudes laborales.

La mayor cantidad de mujeres y hombres "en negro" está en las firmas chicas y la menor en las grandes. Sin embargo, en estas compañías y hasta en organismos estatales suelen recurrir a contratados o monotributistas, sin reconocerles las relaciones de dependencia.

Un instrumento para tratar de comprender las complejidades y la heterogeneidad del mercado de trabajo -cuyas actualizaciones se difundieron hasta el segundo semestre del 2006- fue el "índice de fragilidad laboral" para los aglomerados relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Esta tarea de la Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales de la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (Mteyss), tenía en cuenta: el déficit cuantitativo del empleo, su precariedad y la pobreza y el poder adquisitivo de las remuneraciones.

Sumados los trabajadores "en negro", "tercerizados", contratados, temporarios, "factureros", pasantes disfrazados y "cooperativistas", por ejemplo, representan el 52% de la población económicamente activa, según el Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

En el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas revelaron que sobre 305.593 empleados de la administración nacional, 39.353 eran contratados, monotributistas que insistieron en sus infructuosos reclamos por pasar a las plantas permanentes.

"El grupo de asalariados precarios, cada vez más numeroso, se enfrenta a una situación caracterizada por la inestabilidad y la flexibilidad -sostuvo Artemio López, de la consultora Equis-. Por un lado, no tiene garantizada su permanencia; por otro, los ingresos son muy variables y sensiblemente inferiores a los de los trabajadores protegidos, brecha que se amplía con el correr de los años".

Desde que el empresario Sergio Taselli fue obligado a dejar la concesión del Roca, en el 2007, ésta pasó a ser gerenciada por la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe) -conformada por Trenes de Buenos Aires (grupo Plaza), Metrovías (Roggio) y Ferrovías (Emapa)-, que contrató "tercerizados", incluso a pequeñas cooperativas gestionadas por la UF, en cuya secretaría general se mantiene entronizado José Pedraza. Con 1.500 personas dedicadas a obras, mantenimiento de vías, reparaciones de cabinas, cortes de pasto, controles de boletos y limpieza, sus sueldos no llegarían a la tercera parte de los del personal de planta y de yapa sin derechos, pese a estar encuadrados en la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) y la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra), entre otros gremios.

Al no estar afiliados a la UF y tras distintas medidas de fuerza, en el Mteyss, el 5 de agosto pasado Antonio Luna y Adrián Caneto, subsecretarios de Transporte y de Relaciones de Trabajo, respectivamente, y representantes del "Movimiento de ´tercerizados´ del Roca" firmaron un acta-acuerdo para lograr 1.500 reincorporaciones, pases a planta permanente y equiparaciones salariales con los "estables". Como las promesas oficiales no se cumplieron, aumentaron la lucha, los bloqueos de las boleterías y hasta los cortes de vías. Durante el del 20 de octubre pasado, en el que participaron 300 trabajadores, desde una patota de la UF -conectada con la Cooperativa Unión del Mercosur, dedicada a cambiar durmientes y rieles y que lidera Máximo Pedraza, hijo del titular del gremio- se asesinó a Ferreyra e hirió a militantes del Partido Obrero.

"Hay que enfrentar las causas que generaron el conflicto", declaró Hugo Moyano, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Carlos Tomada, titular del Mteyss, recibió a delegados de los "tercerizados" al día siguiente de la emboscada reseñada de allegados a la UF y se comprometió a dialogar con las empresas para concretar lo acordado. Esto ocurrió tiempo después de que la cartera advirtiera que aplicaría "fuertes sanciones y multas" a las empresas que contrataran asalariados sin registrarlos, aunque sin manifestar nada acerca de las modalidades intermedias practicadas por estamentos estatales.

El empleo en la Argentina pasa del "blanco" (legal y protegido) al "negro" (informal y sin cobertura social), pero el "gris" responde al que el Estado desarrolla desde los 80 para justificar contratos de profesionales y técnicos.

Sin embargo, en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la capital federal estimaron que había 18.000 personas con contratos precarios en la Nación y cerca de 12.000 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "Acá hay una gran hipocresía porque el Estado, que es la autoridad de aplicación de las normas, las viola claramente cuando actúa como empleador", afirmó Ernesto Kritz, titular de la Sociedad de Estudios Laborales (SEL), quien calculó que en esa situación hay unos 100.000 trabajadores administrativos, artistas, maestros y profesores que, a veces, perciben parte de sus haberes en "blanco" y parte en "negro". Esta última modalidad contractual impide que accedan a vacaciones pagas; tampoco consiguen el "salario 13", es decir el anual complementario o aguinaldo, las licencias por enfermedad o maternidad y las remuneraciones especiales por matrimonio, nacimiento, adopción o escolaridad.

En una situación semejante están los becarios, pasantes, meritorios o concurrentes en dependencias estatales, sin los correspondientes salarios y beneficios, esperando ganar experiencias u obtener oportunidades. En esta última situación están los denominados "meritorios" del Poder Judicial, que esperan puesto fijos, los médicos y psicólogos "residentes concurrentes" y los "pasantes" en el servicio exterior.

Una salvedad: el gobierno nacional lanzó este año iniciativas para regularizar a los trabajadores de las zonas "grises", sobre todo para los que están contratados. En esta categoría figuran miles de ocupados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que iniciaron juicios para que les abonen las diferencias previsionales acumuladas desde 1992. El gobierno del distrito comenzó este año a regularizar el pago completo de salarios, pero sigue en deuda respecto de los mencionados aportes.

Las "tercerizaciones" se plantearon en casi todos los gremios. Luz y Fuerza aseveró que Edesur y Edenor llegaron a tener aproximadamente 9.000 trabajadores en esa situación, que percibían aproximadamente cinco veces menos que los de plantas y constituían más del 67,7% de la mano de obra. Por eso diputados nacionales de diferentes bloques elaboraron un proyecto de resolución para solicitar, en abril pasado, la intervención del Poder Ejecutivo Nacional ante lo que interpretaron como un fraude laboral.

En Subterráneos de Buenos Aires, con la huelga en el 2005, los "tercerizados" armaron un gremio independiente de la Unión Tranviarios Automotores (UTA) y obtuvieron pases a la planta permanente.

La sala V de la Cámara Nacional del Trabajo dictaminó en el caso "Barco Gustavo Adrián c/ IBM Argentina SA s/despido", hace aproximadamente un año, que las empresas que sucesivamente lo contrataron incurrieron en una conducta "fraudulenta", como la descripta por el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

Aunque ahora el Frente para la Victoria (FpV) impulsará el tratamiento parlamentario de un proyecto de ley para limitar la "tercerización", se recuerda que hubo una iniciativa presentada el año pasado por el diputado oficialista Julio Piumato, respaldada por sus pares de otros bloques.

Se buscaría modificar el artículo 30 de la LCT, sancionada en 1974 y modificada durante la dictadura militar y el menemismo, para que quede establecido que los empresarios sólo son solidariamente responsables cuando la "tercerización" se realiza sobre la actividad principal de la compañía.

Firmas especializadas desarrollan servicios de contrataciones de personal temporario para brindar soluciones a empresas de todo tipo ante posibles fluctuaciones en sus plantas de empleados.

Las habilitadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (Mteyss) ofrecen respuestas inmediatas para cubrir esas necesidades eventuales y asumen "la absoluta relación de dependencia con el personal para todos los efectos legales" y garantizan "el cumplimiento de todas las obligaciones sociales, previsionales y sindicales".

"Las nuevas modalidades de empleo flexible ganaron un espacio que la ocupación tradicional no puede cubrir", explicó Horacio De Martini, presidente de la Federación Argentina de Empresas de Trabajo Temporario (Faett), que las nuclea desde 1985 para "proteger los intereses, promover el desarrollo y apoyar la profesionalización de la actividad".

Se trata de firmas que buscan, seleccionan, evalúan, incorporan y administran al personal ocupado entre sus clientes, a los que facturan las horas trabajadas por los empleados asignados, sobre las cuales efectúan las retenciones de las cargas sociales.

Por otra parte, manifiestan que esta modalidad contribuye a desalentar la aparente conveniencia de corto plazo que puede significar a las empresas la contratación de personal en forma irregular o no registrada.

La duración de una asignación bajo esa modalidad varía de acuerdo al tipo de contrato, pero el promedio es de 3 ó 4 meses, siempre dentro del marco regulatorio correspondiente.



 
 
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