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Fluctuaciones del empleo y los salarios

14 de junio de 2009

Fluctuaciones del empleo y los salarios (Miguel Angel Funks, Diario “Río Negro”)
Aventuró la presidenta que lo que ocurre no afectó la ocupación en el país. El desempleo en el primer trimestre del año fue del 8,4%, igual que en idéntico lapso del 2008.

 
Ninguna nación, independientemente de su nivel de desarrollo productivo o modelo económico, está exenta de sufrir los efectos negativos de la actual crisis internacional –la más profunda de los últimos 80 años– sobre la actividad y la ocupación.
Ésta es una de las interpretaciones formuladas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, donde reconocen que si bien se contrajo la ocupación formal en la Argentina, la cantidad de asalariados registrados en el primer trimestre del 2009 fue una de las más elevadas de los últimos 15 años. Carlos Tomada, titular de la cartera, planteó que la crisis “no debe ser utilizada como una excusa para degradar las condiciones de trabajo” y publicitó que el gobierno actúa sobre “la necesidad de mantener el nivel y la calidad del empleo”.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) aventuró que la situación no impactó en los empleos locales, mientras el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) calculó que la desocupación se mantuvo en el 8,4%, igual que en enero-marzo del 2008, y aumentó el 1,1% en comparación con el 7,3% de octubre-diciembre del año anterior.

El oficialismo intentó convencer de que sobre una población económicamente activa de más de 11 millones de personas había 948.000 desocupados y 1.027.000 subocupados. Y, si se sumaban las beneficiadas con el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, el desempleo ascendía al 8,6%, o sea, un 1,1% más que en el último trimestre del 2008, y descendía el 0,2% respecto del primero del mismo año. Los “registros” para el primer trimestre del año señalaron, asimismo, tasas que en el subempleo fue del 9,1%; el empleo, del 42,3%, y la actividad, del 46,1%.

En una selección presentada por la cartera laboral, Alemania y la Argentina fueron las únicas dos naciones en las que la desocupación no se incrementó hasta marzo pasado. En cambio, sí treparon más del 50% las de Estados Unidos y España, entre el primer trimestre de este año y el mismo período del 2008, destruyendo 4,6 millones y 1,3 millones de puestos respectivamente.

Tomada subrayó que desde su cartera procuran “inducir un comportamiento proactivo en favor del empleo de parte de las empresas”. Una de las formas pasa por el sostenimiento de más de 70.000 puestos (77.800, según la Confederación General del Trabajo) con el “Programa de recuperación productiva” (Repro), creado en el 2002 en el marco de la emergencia ocupacional, para asistir a trabajadores de “sectores privados en declinación y áreas geográficas en crisis” y prorrogado en sucesivas ocasiones. Por ahora está vigente hasta fin de año y ellos perciben mensualmente hasta 400 pesos –la central obrera solicitó 800– para completar la remuneración básica de la categoría laboral que les corresponde. Se otorga por única vez a cada empresa adherida al programa, por un máximo de seis meses.

Otra alternativa es el sistema de crédito fiscal. Financia “proyectos presentados por las empresas para capacitar a trabajadores ocupados o desocupados –en especial los de 18 a 24 años, mujeres, mayores de 45 y discapacitados– y/o la adquisición de equipamiento nuevo destinado a instituciones de formación profesional”. Las firmas reciben certificados que permiten cancelar los impuestos a las Ganancias, Ganancia Mínima Presunta, al Valor Agregado (IVA) e internos. Además, Noemí Rial, secretaria de Empleo, reveló que con el “blanqueo” se crearon más de 135.000 cargos.

Presionado por las bases y otros dirigentes, en noviembre último Hugo Moyano, secretario general de la CGT, opinó que había “recesión” y “despidos”, por lo que reclamó que las autoridades nacionales hicieran “lo necesario para evitar perder puestos”. Hasta propuso un proyecto de ley –cuya elaboración confió a Héctor Pedro Recalde, abogado laboralista, asesor de la central obrera y diputado nacional (FpV)– para impedir los despidos. De cualquier manera, Moyano dijo ser “consecuente con el gobierno”, persuadido de que “muchas empresas echan gente para apretarlo”, buscando una devaluación o exenciones tributarias. Hasta se animó a decir que otras firmas “simplemente despiden, por si acaso...”.

El consejo directivo de la CGT exhortó al empresariado a que “no cambie trabajo argentino por productos extranjeros baratos” y, si bien no mencionó despidos masivos, aludió a “un goteo en pequeñas empresas”. Moyano reveló coincidir con la medición “del supermercado en cuanto a la inflación –no aludió explícitamente al INDEC– y con lo que informa cada gremio cuando nos reunimos”. Consideró “necesario aumentar el seguro de desempleo” y tras proclamar que “después del 29 tenemos que reclamar”, pareció calmarse ya que respaldó la política laboral de CFK cuando le prometieron “sostener el tiempo que sea necesario” los subsidios del Repro.

Rial –segunda candidata kirchnerista a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires– no estuvo de acuerdo con la conducción cegetista sobre la posibilidad de que aumentarán los despidos después de las elecciones. Expresó su convicción de que las situaciones de algunas actividades demuestran mejoras.

La crisis del empleo no deriva de la internacional sino que “es consecuencia de la debilidad institucional y la incapacidad para implementar políticas laborales racionales”, diagnosticó el Instituto de Políticas para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).

La demanda laboral en el primer trimestre del año se originó en el 26,1% de las firmas encuestadas por el INDEC, cuando en igual lapso del 2008 fue del 37,3%. En tanto, la insatisfecha –ausencia de oferta idónea de trabajadores para responder a un requerimiento específico de empresas, organismos públicos o cualquier otra organización– comprendió entonces al 8,5% de las firmas –menos que durante el crecimiento económico kirchnerista–, que no cubrieron al menos uno de los puestos que necesitaban. Esto se comprobó más en la fabricación de productos minerales no metálicos (33,3%), realización de maquinarias y equipos y otras industrias manufactureras (25%), producción de sustancias químicas y derivados químicos del petróleo (23,1%), fabricación de vehículos y equipo de transporte (20%) y servicios de transporte por vía acuática y otros anexos (20%).

Los salarios crecieron el 22% entre abril de este año e igual mes del anterior, pese a las dificultades proclamadas por los gremios para negociar recomposiciones y a que sólo en el primer cuatrimestre subieron el 4,1%. Los trabajadores del sector privado no registrado tuvieron las mayores subas: 34,8% en aquellos doce meses y 11,2% entre enero y abril inclusive, pese a ser el eslabón más vulnerable y la primera variable de ajuste para los empresarios. En los períodos antes citados, respectivamente, los ingresos de los trabajadores privados formales ascendieron el 19,8 y el 3,2% y los de los públicos, el 17,6 y el 0,4%.

En relación con el trabajo “en negro”, la Escuela de Economía de la Universidad Católica Argentina (UCA) pronosticó que trepará este año al 40% (unos 4,5 millones de personas), luego de que en el último trimestre del 2008 se ubicara en el 37,8%.

Cuando se le preguntó recientemente a Tomada cuál es el aumento salarial promedio, explicó que “la referencia está marcada por el Estado, la construcción y algún otro gremio más que fijaron cerca del 15%, pero cuando Moyano dice que no hay ‘piso’ ni ‘techo’ –reconoció– tiene razón”. Recordó que el año pasado la referencia fue del 19%, más allá de que hubo convenios cerrados por el 17% y otros por el 30%, e insistió en que “nadie se está negando a la negociación de convenios”, como quedó demostrado con los aumentos para los trabajadores estatales, el salario mínimo docente y las jubilaciones. Sí reconoció que los contratados y los informales se encuentran en peor situación.

Para Ernesto Kritz, director de la consultora SEL, los haberes no pueden ser medidos este año como en otros porque “hay muchos sectores que postergaron las negociaciones paritarias y los acuerdos se suplantaron con cifras no remunerativas”.

Determinadas negociaciones reflejaron la conflictividad generada por despidos y suspensiones. Una de las más complicadas fue la de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con las cámaras empresarias, que influyó para que el gremio amenazara con un paro en la semana previa a las elecciones de no acordarse la recomposición reclamada.

Muchos sindicatos chicos y medianos optaron por acordar sumas fijas y postergar para más adelante las discusiones porcentuales.

Ciertos gremios –como el de los camioneros– postergaron las tratativas para después del 28 de junio, entre ellos el de los camioneros, cuyo actual convenio vencerá en agosto.

En el Idesa plantearon que “en un escenario económico contractivo, empleo y salarios reales son objetivos contradictorios, a menos que se aborden políticas para mejorar la eficiencia laboral y disminuir los sobrecostos laborales”. Esto implica revertir un proceso de incrementos de sobrecostos que se profundizó desde el 2002.

La posibilidad de que se eleven los topes indemnizatorios que cancelan las administradoras de riesgos de trabajo (ART), como alternativa a una nueva ley, viene siendo tratada por Tomada con empresarios y se hizo difícil por un fallo de la Corte Suprema de Justicia. La presidenta Fernández de Kirchner se comprometió ante la Unión Industrial Argentina, el 5 de mayo, a avanzar para resolver el problema. Carmen Argibay, ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, posteriormente declaró en el I Congreso de Derecho Laboral, organizado por el Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos: “La ley de riesgos de trabajo es bastante horrible” y recomendó que el Poder Ejecutivo Nacional y los legisladores “deben asumir su parte para corregirla”...

Tomada recordó que en julio se convocará al Consejo del Salario. “Creo que deberíamos actualizarlo –aseveró–, pero tenemos que sacarle connotaciones catastróficas como seguramente van a querer darle”... Supuso, por otra parte, que “las centrales sindicales van a plantear una suba del seguro de desempleo porque el consejo es el órgano competente para su tratamiento”.

 



 
 
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