Bienvenidos/as.
Desde Dominio Laboral los invitamos a Registrarse
y acceder a toda la Información, solicitar Normativa,
realizar Descargas y Compartir .
Contáctense y envíen sus comentarios.

 

DominioLaboral se construye permanentemente,
puede suceder que alguna Sección o artículo no esté
disponible temporalmente.

 


Bienvenidos/as.
Desde Dominio Laboral los invitamos a Registrarse
y acceder a toda la Información, solicitar Normativa,
realizar Descargas y Compartir.
Contáctense y envíen sus comentarios.

 

DominioLaboral se construye permanentemente,
puede suceder que alguna Sección o artículo no esté
disponible temporalmente.

 
 
 
 
     
 
 
Inicio > Actualidad > Noticias del Ámbito > La denuncia docente
La denuncia docente
6 de julio de 2012
La denuncia docente como derecho-deber (Diario “Río Negro” por Marcelo Antonio Angriman )
En la edición del 1/7/12, este diario publicó una nota en la que daba cuenta que una directora de escuela de Jacobacci fue sumariada por devolver 30 kilos de acelga que no correspondían a los menúes asignados por Educación y reclamar el cambio de los tanques de agua fabricados con materiales –cemento y fibra de amianto– considerados cancerígenos.
Por fortuna al día siguiente el Consejo Provincial de Educación de Río Negro salió a aclarar que no se trataba de un sumario, sino de una investigación interna cuya razón no aparece suficientemente clara.

En el supuesto que se hubiera labrado un sumario –como creyeron los padres de los alumnos, que salieron a respaldar a la directora– se habría cometido una verdadera arbitrariedad.

Descartada entonces la existencia del sumario y antes de que la película llegue a la remanida frase por la cual "cualquier parecido con la realidad es pura casualidad", propongo hacer un ejercicio hipotético. El mismo consistirá en dar algunos fundamentos jurídicos por los cuales, en caso de existir una denuncia fundada de anomalías edilicias o situaciones de riesgo por parte de un docente o director, no se podría activar en su contra el régimen disciplinario administrativo.
 

Veamos por qué:
El inicio de un sumario administrativo no puede desconocer los derechos y obligaciones a cargo de las partes devenidos del régimen de la responsabilidad civil.

En tal orden cabe decir que pesa sobre el titular del establecimiento educativo público –justamente el Consejo Provincial de Educación– un deber de prevención y una obligación de resultado sobre los daños sufridos o causados por sus alumnos. ¿Qué significan estos conceptos?

Según ha señalado el destacado civilista Carlos Vallespinos en el reciente Seminario de Profundización en Obligaciones y Responsabilidad Civil celebrado en Neuquén capital: "Le cabe al titular del establecimiento educativo el deber de prevención sobre los daños que pudieran causar o sufrir los alumnos que concurren a sus escuelas".

La obligación de resultado conforme el Art. 1117 C. C. cabe al titular del establecimiento educativo por los daños proferidos o recibidos por los estudiantes mientras se encuentren bajo control de la autoridad educativa, salvo que se pruebe el caso fortuito. Este control implica un factor de atribución objetivo agravado fundado en el deber de seguridad sobre los educandos. Ello para el titular es una obligación de resultado por la que debe garantizar que el alumno salga sano y salvo del establecimiento.

En este sentido, la denuncia por escrito de anomalías edilicias o de situaciones riesgosas, razonablemente apreciadas y dirigidas al inmediato superior jerárquico, constituyen para el docente –más si éste es directivo– un derecho-deber.

Un derecho por cuanto es la persona física que dirige la escuela y debe mantener a salvo a sus alumnos, docentes y a su propia persona de cualquier contingencia dañosa.

En tal orden y con carácter analógico, el Art. 1071 del C. C. dispone que: "El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto". También es un derecho garantizado por las leyes laborales el de contar con un lugar de trabajo que reúna las condiciones de seguridad e higiene necesarias.

Es a su vez un deber por cuanto el docente o directivo no tienen la potestad para decidir, por ejemplo, por la construcción de obras o la concesión de una partida presupuestaria, razón por la cual debe necesariamente poner en conocimiento de tales circunstancias a su autoridad superior.

A ello debe agregarse el juego armónico del Art. 902 C. C. que reza: "Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos" con el Art. 1074 C. C. que establece: "Toda persona que por cualquier omisión hubiese ocasionado un perjuicio a otro, será responsable solamente cuando una disposición de la ley le impusiere la obligación de cumplir el hecho omitido".

Por los motivos aludidos, el directivo o docente no sólo no tienen que callar, sino que tienen la obligación de denunciar –con la debida prudencia del caso– toda anomalía que ponga en peligro a la comunidad de la que forma parte.

Pero además deben hacerlo para deslindar su propia responsabilidad. Si con el artículo 1117 C. C. en su anterior redacción el docente se liberaba de toda responsabilidad demostrando que "no pudo impedir el daño con la autoridad que su calidad confería y con el cuidado que era de su deber poner", cuanto más ahora que desde la sanción de la ley 24830 se lo deslegitimó de toda presunción en su contra.

Mal podría entonces un docente o directivo ser sumariado por haber contribuido a que su superior cumpla con las obligaciones legales que le han sido impuestas.

Por el contrario, si un docente o director omitiera hacer la denuncia y luego surgiera que el daño se produce como consecuencia de dicho silencio, podría considerarse su conducta como negligente (Arts. 1109 -1112 C. C.) y allí sí el sumario tendría razón de ser.

Lamentablemente en distintas provincias de nuestro país existe una enorme ignorancia respecto de los derechos y obligaciones de quienes constituyen la comunidad educativa y se suele recurrir al sumario para torcer voluntades o acallar reclamos. Allí es donde el Derecho debe intervenir para poner coto a tales resabios de autoritarismo.

A tenor de lo observado en sumarios labrados contra docentes en diferentes jurisdicciones, cabe preguntarse: ¿están los sumariantes suficientemente capacitados acerca de las garantías constitucionales de los sumariados? ¿Conocen las leyes más allá del régimen de procedimiento sumarial? ¿Quién se hace cargo de los costos de la defensa de los docentes injustamente sometidos a sumarios? ¿Cuánto tiempo en personal y en dinero se pierde en tramitar expedientes cuya insustancialidad es evidente?

El sumario es esencial a la preservación del régimen disciplinario administrativo y su buen uso resulta indiscutible. Habrá que estar atentos a que ese uso no trasunte en abuso ya que, de ser así, se puede arribar a un resultado paradójico por el cual en nombre del Derecho se cometa una aberración jurídica.


 

 
 
  Design by handy shop vista forum  
 
     
 
   
Design by windows vista forum and energiesparlampen