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Trabajo Decente

25 de octubre de 2009

El trabajo decente sigue siendo una asignatura pendiente (Diario “Río Negro”)
La Argentina fue el primer país en implementar un programa específico en América Latina.
Cómo establecer compromisos de capacitación para la empleabilidad, fortalecimiento de la cadena de valor y diálogo social.
 
El trabajo decente viene siendo promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde 1999 y paulatinamente lo adoptaron distintos países. Intentó que la gente consiguiera ocupaciones productivas e ingresos dignos, seguridad en los lugares donde se encararan, protección social que incluyera a sus familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para expresar sus opiniones, participación en las decisiones que pudieran afectar sus vidas e igualdad de oportunidades y trato para las mujeres y los hombres.Las posibilidades de que “una crisis global de empleo de enormes proporciones” afectara los mercados y los ingresos y hasta amenazara la credibilidad de las democracias fue planteada en enero del 2006 por Juan Somavia, director general de la OIT, la entidad tripartita de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que nuclea a gobiernos y organizaciones sindicales y empresariales de 182 países.
Lo dijo en el Foro Económico Mundial (FEM) en Davos (Suiza), donde también destacó que los líderes mundiales “escuchan cada vez con mayor intensidad las voces de las personas que piden acceso justo al trabajo decente y nuevas oportunidades para encontrar y mantener empleos”. De cualquier manera, advirtió que “con demasiada frecuencia estas oportunidades no existen”. La Argentina fue el primer país en implementar en América Latina el “Programa de responsabilidad social y trabajo decente”, aplicado entre el 2004 y el 2007 por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con más de 100 empresas, cámaras, universidades, organizaciones no gubernamentales (ONG) y organismos internacionales.

Promovió compromisos vinculados con la capacitación para la empleabilidad, el fortalecimiento de la cadena de valor y el diálogo social.Como complemento, el titular de la citada cartera, Carlos Tomada, y los representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la OIT suscribieron un memorándum de entendimiento para poner en marcha, el 22 de agosto del último año, el “Programa de trabajo decente por país 2008-2011”, con prioridades tales como:
• Articular la política laboral con decisiones que impacten sobre la cantidad y la calidad del empleo.

• Mejorar las condiciones de empleo y empleabilidad, incluyendo a la juventud, y del desarrollo económico.• Prevenir y erradicar el trabajo infantil.

• Ampliar las coberturas de la protección social.

• Fortalecer un diálogo social efectivo.

• Contribuir a la disminución de la economía informal y del empleo no registrado.


Luego, con el armado de la Coordinación de Responsabilidad Social y Trabajo Decente, en la citada cartera se buscó atravesar transversalmente los programas de diferentes áreas y apoyar el debate nacional, las iniciativas conjuntas con las empresas, el gobierno y las organizaciones sociales y el intercambio de conocimientos.

Tomada expresó reiteradamente que era necesario “asumir compromisos fuertes con la idea del pleno empleo, la protección de los derechos de los trabajadores, el desarrollo de capacidades empresariales, sobre todo para las micro y las pequeñas firmas; la promoción de la responsabilidad social y el fortalecimiento del Estado de derecho para todos”. Por supuesto, evocó “políticas que generaron crecimiento económico sin empleo, y de ello hemos aprendido; hoy vamos por crecimiento económico con empleo, pero no cualquiera, sino con trabajo decente y productivo”.

 Precisamente, “El cuidado del empleo decente” fue una de las resoluciones del Grupo de los 20 (G20) en Pittsburgh (Estados Unidos) el 25 de septiembre pasado, de acuerdo con las recomendaciones de Brasil y la Argentina, tal como destacó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK). Contrastó con la de “flexibilización” en las relaciones laborales, que el G20 pretendió incorporar en el documento final de la anterior reunión –en Londres, el 2 de abril– y que los mandatarios de ambas naciones latinoamericanas bregaron para que no estuviera.

Por eso Luiz Inácio Lula da Silva y CFK solicitaron al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que invitara a la OIT a las deliberaciones de Pittsburgh, algo que permitió acordar las necesidades de políticas activas muy fuertes por parte del Estado y del trabajo decente.

“Los problemas no son circunstanciales de la economía sino consecuencia de un sistema de ideas que comenzó a imperar a fines de los 80 y en los 90 del siglo pasado y que consagró el reinado del mercado, la teoría del derrame y las desapariciones del Estado y del trabajo decente”, opinó CFK al inaugurar la XVI Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Buenos Aires, el 7 del actual.

A la misma concurrieron, además, representantes de la OEA, de la OIT y de las centrales de trabajadores nucleadas en el Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (Cosate) y de los empleadores reunidos en la Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico (Ceatal).

 “Enfrentar la crisis con desarrollo, trabajo decente y protección social” fue el asunto central pero que permitió presentar, asimismo, el estudio “La institucionalización del enfoque de género en los ministerios de Trabajo de las Américas”. CFK subrayó que la flexibilización laboral se quiso presentar como “un modo de incentivar la generación de trabajo, algo absurdo, realmente, porque nadie puede entender cómo los trabajadores van a estar mejor si empeoran sus condiciones laborales.

Y si empeoran sus condiciones laborales y salariales, ¿cómo vamos a impulsar el mercado interno, el consumo, el desarrollo y la economía si los consumidores han sido precarizados absolutamente en sus condiciones laborales”. La CGT y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), encabezadas por sus secretarios generales Hugo Moyano y Hugo Yasky respectivamente, se movilizaron hacia la Cancillería, donde se hacía la conferencia de marras, y reclamaron que analizara las propuestas formuladas por los gremios internacionales al G20, en Pittsburgh, de poner el Pacto Global de Empleo impulsado por la OIT y el trabajo decente en el centro de las políticas destinadas a revertir los efectos de la crisis global sobre el mercado laboral.

 Esta problemática tuvo consecuencias más significativas por los desajustes económicos y financieros, coincidieron asistentes a la conferencia, donde Tomada resultó electo presidente del nucleamiento para el período 2009-2011. Somavia insistió en que la crisis “empujó durante el 2009 a 61 millones de personas hacia la desocupación. En el mundo hay ahora 241 millones de trabajadores de brazos caídos, la mayor cifra de desocupados de la historia”. Alertó, por otra parte, que al volver el crecimiento, “si la gente no ve mejoras laborales comenzará a demandar a los gobiernos un salvataje para el empleo como el que aplicaron para los bancos; de no conseguirlo, el descontento social se hará masivo”.
 
Igualdad de oportunidades y trato para mujeres y hombres
 Cuando este año la Organización Internacional del Trabajo (OIT) conmemora su 90º aniversario, impulsa el debate sobre “la igualdad de género como eje del trabajo decente”. Aspira a que se eliminen las discriminaciones contra las mujeres en todo el mundo, como el acceso al empleo remunerado, las modalidades de contratación, el tipo de jornada, las dificultades para lograr promociones, las diferencias salariales, la escasa o nula protección a la maternidad en muchos países y las pocas medidas implementadas para conciliar la vida laboral con la familiar.

La OIT supone que semejantes desigualdades se pueden combatir si las mujeres conocen sus derechos como trabajadoras, incluido el de afiliarse a un sindicato.
 Para afrontar estas cuestiones dentro del programa “Trabajo decente e igualdad de género”, la organización propuso la creación de empleo, la protección social, el diálogo social tripartito y los principios y derechos.

La cantidad de mujeres con puestos remunerados aumentó del 41,8% en 1997 al 46,4% en el 2007 y el desempleo entre ellas creció más rápido que entre los hombres. En idéntico lapso las desempleadas se incrementaron en 13,7 millones y los desocupados (hombres) en 11,4 millones. En el 2007, alrededor del 52,5% de las mujeres en edad activa buscaba ocupación, frente al 78,8% de los hombres.

 Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (Unesco), en el mundo hay unos 800 millones de adultos que no pudieron aprender a leer y escribir, de los cuales dos terceras partes son mujeres. En el 2007, diez de las 500 empresas “Fortune Global” –siete más que en el 2006– eran dirigidas por mujeres.

Especialistas de la OIT demostraron que las empresas salen ganando cuando son dirigidas por mujeres y cuentan con una dotación de personal equilibrada desde el punto de vista del género. Invertir en la igualdad entre mujeres y hombres y en la autonomía y las ocupaciones dignas para ellas contribuiría a mejorar la situación económica, social y política.
 
Créase o no, existen cuatro convenios de la OIT sobre la temática de género: el 100, sobre igualdad de remuneración (1951); el 111, referido a la discriminación en el empleo y la ocupación (1958); el 156, que abarca a los trabajadores con responsabilidades familiares (1981), y el 183, de protección a la maternidad (2000).
 
En la Argentina, el programa “Mujer, equidad y trabajo” comenzó a implementarse en marzo del 2002 –pero se puso en marcha al año siguiente–, cuando el Consejo Nacional de la Mujer (CNM) firmó un convenio marco con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y un protocolo adicional para promover y hacer efectiva la igualdad de oportunidades y trato dentro del plan Jefas y Jefes de Hogar. Profesionales de la CNM urdieron estrategias para lograr la participación de las mujeres en todo el territorio en las citadas condiciones y con posibilidades de obtener ingresos genuinos, individualmente o mediante formas asociativas y de organización.

 
 
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